Formalización en caso Julia Chuñil: defensas denuncian detención arbitraria, falta de pruebas y conflicto de interés en Fiscalía

La audiencia de control de detención y formalización en el caso de Julia Chuñil estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de las defensas, que calificaron el procedimiento como arbitrario, carente de fundamentos suficientes y atravesado por un grave conflicto de interés institucional.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando la abogada Karina Riquelme denunció que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, compareció como persecutora pese a estar imputada en una causa por apremios ilegítimos presentada por una de las hijas de la propia Julia Chuñil. La defensa sostuvo que Esquivel estuvo presente el 30 de enero de 2025 durante un procedimiento en el que Jeanette Troncoso habría sido presionada e intimidada para autoinculparse, lo que —a juicio de la defensa— vulnera el principio de objetividad y el debido proceso.

Durante la audiencia, las defensas insistieron en que las órdenes de detención se dictaron sin cumplir los estándares legales mínimos. La Defensoría Penal Pública argumentó que la resolución judicial carece de fundamentación suficiente, no justifica la excepcionalidad de la detención imputativa y no presenta antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación de los imputados, tal como exige el Código Procesal Penal y la jurisprudencia nacional e internacional.

Otro punto clave fue la debilidad probatoria expuesta por las defensas. Se cuestionó que, tras más de un año de investigación, no exista ningún antecedente pericial directo que vincule a los imputados con un homicidio. Los testimonios citados por la Fiscalía solo aluden a una supuesta discusión, sin atribuir acciones concretas, claras ni determinadas. Incluso, se mencionó que algunos testigos sitúan a la víctima saliendo del domicilio acompañada por terceros distintos a los detenidos, lo que contradice la tesis del Ministerio Público.

Las defensas también denunciaron el uso reiterado de diligencias intrusivas —como entradas y registros— basadas en antecedentes que luego habrían resultado falsos, como la supuesta presencia de sangre de Julia Chuñil en domicilios familiares, descartada por informes periciales. Pese a ello, señalaron, la Fiscalía habría insistido en estas versiones, incluso ante el tribunal.

Finalmente, el tribunal accedió a suspender la formalización, acogiendo una cautela de garantías presentada por las defensas, al considerar que no contaban con el tiempo material suficiente para revisar una carpeta investigativa voluminosa entregada recién el mismo día. La decisión fue interpretada como un reconocimiento implícito de la asimetría procesal y de la afectación al derecho a defensa.

Mientras la Fiscalía sostiene que existen antecedentes suficientes para formalizar y solicitar medidas cautelares gravosas, las defensas recalcan que el caso se sostiene en hipótesis, interpretaciones y pruebas circunstanciales, advirtiendo que se estaría avanzando hacia una criminalización sin sustento sólido, en un proceso que —afirman— ha estado marcado por errores, sesgos y vulneraciones de derechos fundamentales.